¿Qué hacemos con la globalización neoliberal?

Para enfrentarnos al adversario hay que conocerlo primero. No se puede luchar contra alguien o contra un fenómeno del cual no se tiene una visión clara. Las secuelas negativas que nos ha dejado la imposición de un modo de producción capitalista  a la humanidad nos dan argumentos para pensar que estamos frente a un enemigo común que tenemos que desentrañar. El modo de producción capitalista apareció en el planeta, entre otras cosas,  como la solución a las contradicciones en que se debatía el régimen feudal de la edad media. Por la decadencia de éste y por el panorama de crecimiento económico más práctico apoyado en una doctrina económica liberal que ofrecía la burguesía, empezó a tomar cuerpo  la primera fase de un sistema económico basado en la lógica y la acumulación del capital. En la actualidad, el capitalismo se presenta repotenciado, cubriendo prácticamente todo el planeta con un ropaje ideológico neoliberal. La globalización neoliberal ha llegado, se ha posicionado en todos los continentes y no da señales de dar vuelta atrás.

Como lo que se quiere es tratar de entender un sistema político que se nos presenta hostil a las mayorías que convivimos en el planeta, vale la pena que tratemos de aclarar lo que entendemos por “globalización” y por “neoliberal”. Al respecto, Ornelas, (2004) expresa:

“La globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo; mientras que, el neoliberal, es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertenecientes, o al servicio, de las clases sociales propietarias del capital en sus diversas formas. La convergencia de ambos procesos, forma la modalidad bajo la que se desarrolla el capitalismo en la época actual”

Tal modalidad a la que se refiere el autor es la no menos conocida globalización neoliberal.

La globalización como proceso necesita al mundo para expandirse y su carácter neoliberal necesita las naciones para implementarse.  Rodríguez (2010) expresa:

“Del mismo modo como la globalización es un modo de organización de los intercambios a escala planetaria y un modo de despolitización de las relaciones políticas y diplomáticas (para someterlas a los imperativos del mercado y las rentabilidades corporativas y empresariales), el neoliberalismo a escala nacional es una articulación socio-económica, política e ideológica de dominación y hegemonía.”  

La doctrina neoliberal es criticada por su carácter dogmático. Como una ideología basada en el fundamentalismo del libre mercado, el neoliberalismo se impone como la única solución al problema de la creación y distribución de riquezas, compatible con la globalización. Lo que quiere decir que el modelo neoliberal está concebido como la única vialidad al libre mercado.

Amat, Brieger, Ghiotto, Llanos y Percovich, (2002) refieren:

“El concepto de globalización en la actualidad está íntimamente ligado al de neoliberalismo. En los años ochenta y noventa, un grupo importante de economistas –muchos de ellos conocidos como «los Chicago Boys» su relación con la Universidad de Chicago liderada por Milton Friedman- revitalizaron las teorías de Friedman esbozadas en los sesenta basándose en las experiencia de gobierno de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.”

El neoliberalismo, entonces,  aparece como un conjunto de postulados basados en teorías liberales modernas que estos “Chicago boys” lograron imponer en América Latina en la década de los noventa, apoyados por organismos económicos internacionales, empresas multinacionales y centros de investigación. Estos postulados, entre otras cosas, señalaban que la administración pública era ineficiente y una fuente de corrupción, que la única forma de que las empresas de servicios funcionaran era privatizándolas, que el Estado, aparte de abrirse al libre comercio y no intervenir en el mercado, tenía que reducirse,  disminuir el gasto público, los gastos sociales y acabar con los sindicatos. Por supuesto los defensores de las teorías neoliberales, desplazando al Estado, no explican claramente cómo es imprescindible el papel del mismo para asistir económicamente a las empresas cuando caen en bancarrota.

Así las cosas, estos postulados se traducen en recetas neoliberales para ser impuestas, y su aplicación no es mera casualidad. Ornelas, (ob. cit.), sentencia:

“El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución circulación y consumo al “fundamentalismo del libre mercado”, así como de la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante, o su fracción hegemónica.”

En la interpretación del modelo neoliberal, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el año 2001, citado por Marrero, (2007), plantea el efecto desbastador que la globalización ha tenido sobre los países más pobres del planeta; pero, sin embargo, considera que estas consecuencias se deben no tanto al proceso de globalización como tal, sino a la forma en que ha sido gestionada, ya que sostiene que la globalización puede ser una fuerza benéfica y con un potencial capaz de lograr el enriquecimiento de todos, especialmente de los países más pobres, pero siempre y cuando este proceso no siga siendo orientado por el Fondo Monetario Internacional y organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Ante este planteamiento uno tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la actitud que deberíamos tomar ante los embates de la globalización neoliberal? Porque si el sistema, según se alega, no es hostil hacia las mayorías empobrecidas, sino que todo se debe a una mala gestión o a un recetario impuesto por las instituciones equivocadas, entonces los pasos a seguir serían decidir qué instituciones deberían ser las llamadas a liderar unas políticas neoliberales potencialmente benéficas que garanticen una distribución justa de riquezas.

Independientemente de que el sistema político imperante resulte potencialmente benéfico o realmente signifique un fracaso, o que las instituciones llamadas a ejercer un liderazgo en lo que se refiere a su implantación realicen una buena o mala gestión, los resultados que observamos en la realidad son: la brecha entre ricos y pobres a nivel mundial se torna cada día más grande, se ha agudizado la desigualdad entre países y dentro de los países, la pobreza sigue creciendo y la acción depredadora del capitalismo avanza en la destrucción del planeta; a un ritmo tal que se necesitarían varios planetas para poder sostener un desarrollismo desaforado. “La puesta en marcha de una estrategia alternativa de desarrollo, convendría enfatizar, no es un problema meramente técnico sino político. Una nueva estrategia reclama de los agentes sociales y de las fuerzas políticas que la impulsen y la concreten, (Guillén, 2007). La organización y movilización popular es clave si queremos intervenir en el actual estado de cosas y acceder a un cambio de civilización. La pura voluntad individual no ayuda. Debemos lograr que quienes detentan el poder económico y político asuman una toma de conciencia sobre la problemática social, ambiental que significa la continuidad del modelo económico depredador actual. Una toma de conciencia que los obligue a ceder, a mostrar una voluntad política que posibilite que todos los que habitamos el planeta disfrutemos de una justa distribución de las riquezas y de un medio ambiente sano. Una voluntad política  que pueda facilitar la creación de unas nuevas relaciones de producción. Una toma de conciencia de que el neoliberalismo no es la panacea, ni el único dogma que ha de regir la globalización de nuestros pueblos. Una toma de conciencia sobre el reconocimiento del derecho que tenemos todos los pueblos a un desarrollo económico, social, ambiental en todo el planeta; y sobre todo, una toma de conciencia sobre el reconocimiento del carácter destructor, inhumano, depredador que significa el modo de producción capitalista. 

El español: una lengua que amar y respetar

La lengua española es una sola. Oficial en España y en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. No hay ninguna deuda lingüística ni de ningún tipo por parte de España con América Latina. Esta América no necesita hablar con acento español para sobrevivir y generar progreso en la región. Analfabetismo "lingüístico" puede existir tanto en América como en España. No hay ni habrá un país que hable el español mejor que otro. No podemos generalizar que porque en un lugar determinado alguien haga un buen uso del español, en ese país se ha avanzado en el uso de la lengua de Cervantes. Ni porque alguien haga mal uso de la lengua, se ha retrocedido. El español (y no el castellano) es uno solo; es compartido por aproximadamente 500 millones de almas en todo el planeta. Hablar del castellano, lengua oficial de la provincia de Castilla, es hablar de la historia de España respecto a sus dialectos. El español es la lengua que hablamos hoy en cualquier parte del mundo, y somos dueños de ella quienes la usamos en el marco de la cultura a la que pertenecemos. En todas partes del mundo, respetamos e irrespetamos la lengua, pero también la amamos, por cuanto es nuestra lengua materna o nuestro segundo o tercer idioma.

Sobre el estado de derecho

El estado surge como una necesidad que tienen las naciones para convivir en paz y armonía entre sus habitantes dentro y en relación con las demás naciones. El estado determina unas políticas que tienen como objetivo común lograr el bienestar común de la sociedad. Para lograr este objetivo, el estado necesita de elementos como las leyes y las instituciones políticas,  los cuales regulan o limitan la convivencia y las relaciones en la sociedad.  “Las leyes son normas, es decir, principios generales que señalan cuáles son las conductas autorizadas o legítimas. Las llamamos normas jurídicas, distinguiéndolas de otro tipo de normas (morales, prácticas), porque su cumplimiento es obligatorio y porque suponen la existencia de un poder coercitivo que castiga su inobservancia” (Rodríguez, 1994). Las leyes y las instituciones políticas hacen parte del estado de derecho, el cual articula las relaciones dentro de la sociedad y se encuentra estrechamente ligado a la naturaleza del estado. En realidad, el derecho y la política van de la mano. Al respecto, Rodríguez, citando a Norberto Bobbio, expresa: “[...]la relación entre derecho y política se hace tan estrecha, que el derecho se considera como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio.” Esto nos da la idea de que en un estado de derecho las leyes, eventualmente,  han de cumplirse de manera coercitiva. Pero en el estado de derecho, las leyes no solo priman sobre el albedrío de los hombres, sino que reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Para conceptualizar lo que se conoce como estado de derecho en la actualidad, hay que considerar los conceptos que dieron origen a la formación del estado moderno en la Edad Media.

La concepción medieval que existió Europa por mucho tiempo sobre las leyes naturales o humanas consistía en el carácter de racionalidad plena, el cual provenía de la voluntad divina. Cualquier tipo de orden existente en el mundo provenía no de los hombres, sino de Dios. El derecho a gobernar se consideraba entonces derecho divino. Fue en el siglo XVI, con la llegada del Renacimiento que esta concepción de las leyes entró en crisis. Maquiavelo, en su obra “El Príncipe”, criticó el hecho de que el soberano último en cuestiones políticas había de ser Dios y no los hombres; propuso un carácter laico a las cuestiones relativas al estado y dejó el camino abierto a la modernidad política. Esto significó que a partir de entonces, las cuestiones que en la Edad Media eran patrimonio exclusivo de Dios, ahora quedaban a discreción de los hombres en su relación con el estado. El problema por resolver radicaba ahora en buscar nuevos fundamentos que habrían de basarse únicamente en las acciones de los hombres, para inspirar la creación de las leyes y el poder político.

Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, tratando de justificar la obediencia política de los súbditos al poder a un soberano diferente de los hombres, propuso en su libro “El Leviatán”, un hipotético “estado de naturaleza”, en el que los hombres son iguales en la medida en que tienen un derecho natural a conservar su vida. Un estado de naturaleza ideal en donde los hombres viven sin leyes con el riesgo a perder la vida en cualquier momento, en la ausencia de un orden establecido por un poder político. Sin embargo, los hombres, teoriza Hobbes,  tienen el derecho de defenderse y son libres para vivir su vida según su conveniencia; se autogobiernan y no tienen que obedecer a nadie más. Los problemas se presentan cuando el hombre, al hacer uso de su libertad, haciendo lo que le parezca, entra en choque con sus congéneres que también son libres y soberanos. Entonces, pone en riesgo su vida y la de los demás. De tal manera que los individuos han de renunciar a su ejercicio de su derecho natural y convenir en obedecer a un soberano a quien autorizan a aplicar el orden y a garantizar la paz y defender de la vida de cada uno. Aquí se crea un pacto en el que todos los hombres están obligados a rendir obediencia y a respetar las leyes del soberano en quien han delegado un poder para regir el estado. Según Hobbes, Las leyes impuestas por el soberano no solo son legítimas, dado que se originan de la voluntad de cada uno de los contratantes, sino que son garantía plena de la defensa de la vida de todos. El soberano promulgará leyes justas provenientes de la voluntad de cada uno de los contratantes; no legislará atendiendo al mandato divino. La soberanía provendrá originalmente de la voluntad de los individuos. Sin embargo, la teoría de Hobbes no permite que los hombres conserven los derechos propios después del contrato social, con lo que, de algún modo, termina justificando la concentración total del poder en una sola persona. De ahí que Thomas Hobbes haya sido considerado defensor del absolutismo.

Al final del siglo XVII, el filósofo inglés John Locke replantearía la teoría del contrato social, tomando como base la tesis de que la libertad individual es irrenunciable, de que la voluntad individual original se conserva, y que los ciudadanos además deben estar provistos del derecho de vigilar y controlar. Igual que Hobbes, Locke parte de la idea del estado de naturaleza; con la diferencia de que los derechos o libertades naturales están protegidos por el principio de la razón, denominado ley natural. Según esta ley, los individuos no atentarán contra la vida, propiedad y libertad de sus semejantes. El estado de naturaleza será de mucha paz y tranquilidad. Los hombres podrán negociar, relacionarse en los diferentes ámbitos de la vida. No habrá infractores del orden impuesto por la razón. De existir individuos que contravengan la ley natural, igualmente habrá individuos, quienes pudiendo ser las mismas víctimas, y autorizados por la ley, castigarán a los transgresores. El riesgo existirá que el castigo sobrepase la pena merecida y que haya desafueros, por lo que se estaría violando la ley natural. Se desataría entonces un estado de guerra donde todos estarían enfrentados entre sí. Ante este escenario posible, Locke propone la autorización de un representante que pudiera ejercer de manera imparcial la función de justicia. Un representante que pudiera garantizar la defensa de los derechos irrenunciables de libertad, igualdad y propiedad. Se crearía de esta forma instituciones de gobierno que establecerán leyes legítimas derivadas de los principios de la ley natural. A diferencia de Hobbes, no habrá un gobierno absoluto, sino un gobierno autorizado por la voluntad de los individuos para mandar de manera justa, respetando y protegiendo los derechos naturales. Existirá por lo menos dos instituciones de gobierno: una que establecerá las leyes y otra que las ejecute. Locke propone entonces el poder legislativo y el poder ejecutivo, los cuales serán ejercidos por titulares diferentes para evitar la concentración de poder que pudiera poner en riesgo la libertad de los ciudadanos. Además, Locke propone sea aplicado el principio de la mayoría, que tiene que ver con las decisiones políticas que requerirán el consentimiento de  la mayoría de los individuos. Pero esta mayoría encuentra un obstáculo en la sociedad liberal de John Locke. Si bien es cierto que los derechos naturales eran aplicados a todos los hombres en general, el liberalismo de Locke, inexplicablemente, excluye a la mayor parte de la población, quienes por no poseer propiedad inmobiliaria no pueden participar en política. Sin embargo, esta paradoja a la que se enfrenta Locke no opaca el gran aporte que consiste en hacer justicia vinculada a la voluntad ciudadana y al reconocimiento de ciertos derechos ciudadanos básicos.

A mediados del siglo XVIII, el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau hace un gran aporte a la noción de soberanía ciudadana. Al igual que Hobbes y Locke, Rousseau plantea la noción del estado de naturaleza y la organización política de los ciudadanos. Para tal efecto, retoma el contrato social. Pero en el contrato social de Rousseau no está planteada la renuncia y la delegación de la libertad natural de los individuos. La idea es que los individuos, sin renunciar a sus libertades, obedezcan a otros en asociación y a la vez se obedezcan a sí mismos. Es decir, al renunciar los individuos a su libertad natural y dejarla en manos de la sociedad que se forma y no a un individuo particularmente, se recibirá de la misma sociedad la libertad que se ha cedido. Esto va a significar que la soberanía no será delegada a ningún gobernante, sino que la mantendrá la colectividad en general, creada por el contrato social. El soberano ahora es el colectivo social que viene a ser el pueblo. En este estado de cosas, la libertad natural no estará sometida al arbitrio de una voluntad individual, sino que ahora la regirá la voluntad general de la sociedad. Según Rousseau, producto del contrato social que integra las libertades individuales, se conforma una voluntad general que desarrolla las libertades naturales. Una voluntad general que busca el bien común para todos y que se expresa en leyes que se originan por el acuerdo voluntario y compartido de los ciudadanos.

Como conclusión se puede afirmar que el estado de derecho, definido de manera muy genérica, y considerando su evolución histórica, se ha formado sobre dos columnas: una, los límites que se imponen a la acción de gobierno mediante las leyes; y otra, el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Un Nuevo Modelo Productivo para Venezuela

Como consecuencia de la lucha que sostiene el gobierno bolivariano del presidente Chávez contra las políticas neoliberales heredadas de la cuarta República, se han decretado nacionalizaciones de algunas entidades bancarias, empresas básicas estratégicas, de recursos naturales, declaradas de utilidad pública, en bancarrota o mala administración, etc. La preocupación que existe es el riesgo de que la revolución presente características o pueda devenir en un capitalismo de Estado, producto de la propiedad y administración de muchas empresas con lo que llegaría a tener el control de una buena parte de la economía. “Toda revolución donde los principales recursos naturales están en manos del Estado corre el riesgo de derivar en una forma de capitalismo de Estado. Los problemas de ineficiencia, clientelismo, paternalismo, adoctrinamiento y corrupción son inherentes a este modelo.” El Troudi, Monedero (2006). Ante esta situación procede tomar medidas que permitan solventar la amenaza que significaría el enorme riesgo de un Estado que sobredimensione su función reguladora de la economía. “Para evitar que gradualmente el Estado venezolano, administrado por la revolución bolivariana, tome cauce hacia una modalidad de capitalismo de Estado, se ha de profundizar en dos aspectos medulares, a saber: la participación popular y la adopción de un nuevo modelo productivo.” (ob.cit.) 

En cuanto al rol de la participación popular, importante es la comunidad organizada, a través de los consejos comunales, ejerciendo la contraloría social y la corresponsabilidad en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. 

En lo que tiene que ver con la adopción de un nuevo modelo productivo, el Estado deberá fomentar empresas de cogestión, autogestión, control obrero y empresas de producción social. Para tal efecto, el 2 de diciembre de 2007 se realizó un referéndum para reformar la Constitución Bolivariana de Venezuela. Por un escaso margen, no se pudo aprobar la reforma constitucional, que perseguía, entre otros propósitos, darle rango constitucional a un nuevo modelo productivo socialista. Los venezolanos estamos conscientes de que el actual modelo productivo capitalista no es compatible con los ideales de la revolución que queremos, esto es, con el proyecto nacional que nos hemos trazado, a partir del momento en que decidimos que el socialismo era el sistema económico alternativo capaz de reemplazar al modo de producción capitalista explotador, depredador y destructor de la naturaleza. Sin embargo, la lucha continúa y no desistiremos en nuestro intento de cambiar un modelo productivo economicista que tiene como único fin la preponderancia del capital sobre la humanidad y el planeta en que vivimos, por otro modelo productivo que tenga como centro al hombre y a la naturaleza. Un nuevo modelo productivo visto desde otra dimensión política desde el punto de vista de las relaciones de poder. Un modelo que tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, que promueva el bienestar y la calidad de vida, la distribución del ingreso, que ataque la pobreza y la exclusión social. Un modelo donde las relaciones con otros países estén basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad, cooperación, complementación y sustentabilidad.

Las empresas de producción social surgidas de un nuevo modelo productivo han ser entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, obras y servicios, en las cuales el trabajo se regirá bajo otra concepción, no alienado y genuino. No habrá lugar para la discriminación social en el trabajo, sea cual fuere el tipo de trabajo. 

Es importante destacar la importancia que tiene el hecho de que las comunidades lleven a cabo seguimiento y control de toda la cadena de comercialización desde que el producto es suministrado por las empresas de economía social, los intermediarios hasta el consumidor final. Esto ha de ser así, dado que existe el riesgo de especulación por parte de los revendedores que distribuyen el producto.

Desde el punto de vista económico, se hace imprescindible en Venezuela la institucionalización de un nuevo modelo productivo socialista que trascienda la renta petrolera, que redimensione nuevas relaciones de producción y consolide una cultura política desde la que se impulse y se oriente una economía de mercado socialista y liberadora.