Como
consecuencia de la lucha que sostiene el gobierno bolivariano del presidente Chávez contra
las políticas neoliberales heredadas de la cuarta República, se han decretado
nacionalizaciones de algunas entidades bancarias, empresas básicas
estratégicas, de recursos naturales, declaradas de utilidad pública, en
bancarrota o mala administración, etc. La preocupación que existe es el riesgo
de que la revolución presente características o pueda devenir en un capitalismo
de Estado, producto de la propiedad y administración de muchas empresas con lo
que llegaría a tener el control de una buena parte de la economía. “Toda
revolución donde los principales recursos naturales están en manos del Estado
corre el riesgo de derivar en una forma de capitalismo de Estado. Los problemas
de ineficiencia, clientelismo, paternalismo, adoctrinamiento y corrupción son
inherentes a este modelo.” El Troudi, Monedero (2006). Ante esta
situación procede tomar medidas que permitan solventar la amenaza que
significaría el enorme riesgo de un Estado que sobredimensione su función
reguladora de la economía. “Para evitar que gradualmente el Estado
venezolano, administrado por la revolución bolivariana, tome cauce hacia una
modalidad de capitalismo de Estado, se ha de profundizar en dos aspectos medulares,
a saber: la participación popular y la adopción de un nuevo modelo
productivo.” (ob.cit.)
En
cuanto al rol de la participación popular, importante es la comunidad
organizada, a través de los consejos comunales, ejerciendo la contraloría
social y la corresponsabilidad en la formulación, ejecución y evaluación de
políticas públicas.
En
lo que tiene que ver con la adopción de un nuevo modelo productivo, el Estado
deberá fomentar empresas de cogestión, autogestión, control obrero y empresas
de producción social. Para tal efecto, el 2 de diciembre de 2007 se realizó un
referéndum para reformar la Constitución Bolivariana de Venezuela. Por un
escaso margen, no se pudo aprobar la reforma constitucional, que perseguía,
entre otros propósitos, darle rango constitucional a un nuevo modelo productivo
socialista. Los venezolanos estamos conscientes de que el actual modelo
productivo capitalista no es compatible con los ideales de la revolución que
queremos, esto es, con el proyecto nacional que nos hemos trazado, a partir del
momento en que decidimos que el socialismo era el sistema económico alternativo
capaz de reemplazar al modo de producción capitalista explotador, depredador y
destructor de la naturaleza. Sin embargo, la lucha continúa y no desistiremos
en nuestro intento de cambiar un modelo productivo economicista que tiene como
único fin la preponderancia del capital sobre la humanidad y el planeta en que
vivimos, por otro modelo productivo que tenga como centro al hombre y a la
naturaleza. Un nuevo modelo productivo visto desde otra dimensión política
desde el punto de vista de las relaciones de poder. Un modelo que tenga en
cuenta la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, que promueva
el bienestar y la calidad de vida, la distribución del ingreso, que ataque la
pobreza y la exclusión social. Un modelo donde las relaciones con otros países
estén basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad, cooperación,
complementación y sustentabilidad.
Las
empresas de producción social surgidas de un nuevo modelo productivo han ser
entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, obras y servicios, en
las cuales el trabajo se regirá bajo otra concepción, no alienado y genuino. No
habrá lugar para la discriminación social en el trabajo, sea cual fuere el tipo
de trabajo.
Es
importante destacar la importancia que tiene el hecho de que las comunidades
lleven a cabo seguimiento y control de toda la cadena de comercialización desde
que el producto es suministrado por las empresas de economía social, los
intermediarios hasta el consumidor final. Esto ha de ser así, dado que existe
el riesgo de especulación por parte de los revendedores que distribuyen el
producto.
Desde
el punto de vista económico, se hace imprescindible en Venezuela la institucionalización
de un nuevo modelo productivo socialista que trascienda la renta petrolera, que
redimensione nuevas relaciones de producción y consolide una cultura política
desde la que se impulse y se oriente una economía de mercado socialista y
liberadora.
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